Se declara por primera vez y después de decenios la emergencia ambiental en la Amazonía Norte del Perú: un primer paso.

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Visita de la Congresista Verónika Mendoza a la laguna Shanshococha. ©La República

El 25 de marzo del 2013, el Ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal – en entrevista con el programa de televisión Panorama – anunció que se declaró oficialmente la emergencia ambiental de la cuenca del río Pastaza. El anuncio se hizo en el marco de la presentación del reportaje “Amazonía Erida: Desastre Ecólógico en el Corazón de la Selva” (ver Youtube) que contribuyó a hacer conocer – y no solo en el Perú – la dramática situación ambiental que venían denunciando desde años las comunidades indígenas de la zona.

El día siguiente, se publicó en el Diario Oficial  la Resolución Ministerial N°094-2013-MINAM vía la cual Declaran en Emergencia Ambiental la cuenca del río Pastaza, en los distritos de Andoas y Pastaza, Provincia del Datem del Marañon, departamento de Loreto. Tendrá una vigencia de 90 días. Esta Resolución Ministerial viene acompañada de un Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo destinado a atender la situación de manera inmediata vía la implementación de 16 medidas concretas tal como la vigilancia de agua sanitaria de consumo humano en la zona críticas (a cargo de DIGESA), la identificación de las zonas impactadas (a cargo de OEFA en coordinación con el MINEM), estudios epidemiológicos en la población, la aprobación de Planes de Abandono de zonas impactadas/sitios contaminados (a cargo del MINEM) etc.

Después de 40 años de explotación petrolera y de impunidad ambiental, el Estado y la sociedad en general gira los ojos hacía la Amazonía y las comunidades indígenas que la habitan. La Declaratoria de Emergencia Ambiental es un primer paso importante porque permite tomar medidas rápidas y concretas para atender la situación de manera urgente. Sin embargo, habrá que seguir la implementación de dicho Plan de Acción de cerca y desde ya, reclamar algunos cambios y ajustes necesarios. Por ejemplo, la medida n°16 prevé el “Seguimiento y la Evaluación de las actividades del Plan de Acción” y lo pone a cargo del MINAM. ¿Por qué no se  involucran los monitores ambientales indígenas, los cuales han sido gran protagonistas en la identificación de los pasivos ambientales?

Por último, se espera una participación técnica y económica activa e considerable de la empresa titular de las actividades de hidrocarburos, la argentina PLUSPETROL NORTE.

La noticia se difundió en prestigios medios de comunicación internacionales como el New York Time, Washington Post, The Guardian, Good Planet France – Fundación Yann Arthus-Bertrand, Portal Web del Ministerio del Ambiente de China, Reuters, US News, y más todavía (ver links para leer los artículos).

Los antecedentes

En el marco de la Comisión Multisectorial creada vía Resolución Suprema N° 200-2012-PCM, se realizó durante el mes de octubre del 2012 en la cuenca del río Pastaza – la primera de las 4 cuencas de los ríos Tigre, Corrientes y Marañon – un monitoreo ambiental participativo. Se tomaron numerosas muestras de suelos, aguas (tanto del mismo río Pastaza como de sus varias quebradas y cochas) y sedimentos a fin de determinar si estaban contaminados y de ser el caso, a qué nivel.

Los diferentes estudios fueron llevados a cabo respectivamente por OEFA, ANA, DIGESA y OSINERGMIN y sus  resultados se dieron a conocer de forma preliminar durante una reunión en Lima el 25 de enero 2013 – en la sede de PERUPETRO – entre las federaciones indígenas de las 4 cuencas (FEDIQUEP, FECONACO, FECONAT y ACODECOSPAT) y los grupos ambiental y social de la Comisión Multisectorial antes mencionada. La presentación de estos resultados no fue acompañada de un análisis integral o de una interpretación global que hubiera permitido a los 4 presidentes de las federaciones indígenas arriba citadas de entender sus alcances. Solo se presentó la cifras y datos técnicos, sin más explicación.

Por esta razón, FEDIQUEP decidió mandar los resultados a dos organismos internacionales – Source Internacional y E-Law – para su interpretación. De ambas interpretaciones, resultó que la mayoría de los suelos, aguas y sedimentos de la cuenca del  río Pastaza que han sido monitoreados son gravemente contaminados por varias sustancias tóxicas tal como hidrocarburos (TPH – Hidrocarburos Totales de Petróleo; HAP -Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos), metales pesados (plomo, bario, arsénico y otros) y en proporciones muy fuertes (ver nota de prensa PUINAMUDT), en algunos casos superando hasta 1000 veces el límite permitido por ley o estándares internacionales. Los dos organismos destacaron en sus informes el peligro que dicha contaminación representa para la salud y la vida de las comunidades.

El 19 de febrero 2013, se realizó en Iquitos una nueva reunión entre los dirigentes indígenas de FEDIQUEP y la Comisión Multisectorial durante la cual se volvió a explicar los resultados de los informes arriba mencionados. Las conclusiones fueron las mismas: tremenda contaminación por compuestos de hidrocarburos y metales pesados.

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El Apu Aurelio Chino de FEDIQUEP. ©Puinamudt

Frente a ello – una situación que dura desde ya años – el presidente de FEDIQUEP Aurelio Chino Dahua hizo un llamado y pidió que se declare la emergencia ambiental de la zona del Pastaza. El Ejecutivo habrá demorado unos dos meses en dar luz verde a este pedido.

Las acciones del MINAM

El día siguiente de la Declaratoria de Emergencia Ambiental, el Ministerio del Ambiente aprobó vía Resolución Ministerial N°094-2013-MINAM los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, determinando que para los suelos de calidad agrícola el límite máximo permitido para concentración de TPH es de 1200.

También, se publicó por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) la Resolución de Consejo Directivo N°012-2013-OEFA/CD mediante la cual se presenta la propuesta de “Procedimiento para el Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia de OEFA“, abierta durante 10 días a sugerencias del público en general.
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Ver también:

La Base de Datos podría caerse por una demanda: ¿Ello es cierto?

Foto: Servindi

En una reciente entrevista publicada en El Comercio, el Viceministro de Interculturalidad Ivan Lanegra anunció que la Base de Datos de Pueblos Indígenas de la Ley de Consulta Previa “podría caerse por una demanda”, justificando así la demora en la publicación de dicho documento. El Viceministro explica que, de ser declarada inconstitucional la Directiva aprobada por Resolución Ministerial 202-2012-MC (total o parcialmente), el contenido de la Base de Datos, elaborado en base a esta Directiva, podría caerse:

“Mientras la demanda persista no podemos publicar la base de datos. Si lo hacemos y luego la directiva que reguló su elaboración es derogada, entonces todo lo que está en la base podría caerse.

El argumento adelantado no es tanto que el solo ejercicio de una acción popular de esta naturaleza impida la publicación de la Base de Datos, sino más bien que el resultado de esta acción, de concluir en la inconstitucionalidad de toda o parte de la Directiva, podría llevar consigo efectos jurídicos tales que todo el contenido de la Base de Datos podría tumbarse. De hecho, la Base de Datos se habría elaborado basándose en un instrumento inconstitucional. Una suerte de efecto domino.

¿Ello es cierto, se caería todo el contenido de la Base de Datos si la Directiva que sustenta su elaboración viniera a ser declarada inconstitucional? ¿Mientras tanto, realmente no se puede publicarla?

El por qué de la acción popular

Se ejerció una acción popular considerando que la Directiva arriba mencionada prevea criterios objetivos para la identificación de pueblos indígenas que no están considerados en el Convenio n°169 de la OIT: la lengua indígena y la tierra comunal [1]. La Base de Datos se convertiría por lo tanto en un instrumento restrictivo de derechos pues se encontraría excluida de su ámbito toda comunidad nativa o campesina que no contaría con tierra comunal y/o ya no haría uso de su idioma ancestral, lo cual podría tener como consecuencia denegarles el derecho a la consulta previa [2].

Así lo explica Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal – abogado de la parte demandante – en un reciente artículo publicado en Servindi:

“El objetivo de dicha demanda es cuestionar que a través de una norma de naturaleza reglamentaria como es la directiva en mención, es decir de inferior jerarquía que una ley, se modifique una norma de la mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico nacional, como un tratado de derechos humanos de rango constitucional (como es el Convenio 169 de la OIT), al incorporar como requisitos para ser considerado como pueblo indígena, además de lo establecido en el referido instrumento internacional: a) conservar la lengua nativa y b) permanecer en el territorio ancestral”.

La obligación de crear y publicar la Base de Datos

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Foto: Google

El Estado – en este caso, el Viceministerio de Interculturalidad – tiene laobligación de crear dicha Base de Datos y de hacerla pública en cuanto sea lista. El mismo Reglamento de la Ley de Consulta Previa dice que “la Base de Datos Oficial constituye un instrumento de acceso público y gratuito” (artículo 29.1).

Si bien desde el Viceministerio, se afirma que “la consulta es una obligación del Estado y va más allá de la Base de Datos [y que] el Reglamento no establece que la Base de Datos sea un instrumento indispensable. Siempre se ha señalado que esta es referencial”, ello no exime dicho Viceministerio de cumplir con la obligación arriba mencionada. Se anunció ya muchas veces su próxima publicación sin que finalmente nada ocurra, incrementando así la desconfianza general desde las comunidades.

No publicar la Base de Datos tampoco sería justificado por el hecho de que la Directiva 202-2012-MC posiblemente venga a ser declarada – a futuro – total o parcialmente inconstitucional.

Para parafrasear Cooperacción en su reciente artículo, no existe ningún obstáculo jurídico impidiendo al Viceministerio que publique la Base de Datos o justificando que no se cumpla con dicha obligación [3].

El contenido de la Base de Datos en peligro

En cuanto al argumento según el cual el contenido de la Base de Datos podría caerse del todo en caso de que se declare la inconstitucionalidad parcial o total de la Directiva sustentando su elaboración, cabe señalar que en la práctica, no sería el caso.

De hecho, los criterios incorporados por el Ministerio de Cultura en su Directiva 202-2012-MC – lengua indígena y tierra comunal – son excluyentes pues son el producto de una interpretación restrictiva del artículo 1 del Convenio n°169. Otra vez, ello significa que de ser aplicados en el proceso de identificación de pueblos indígenas, se dejaría fuera de la lista de la Base de Datos todas las comunidades campesinas o nativas que no contarían con territorio ancestral (cualquier sea la razón) y/o las que ya no harían uso de su lengua ancestral.

Se califica dichos criterios de “excluyentes” en la medida de que restringen el acceso a esta Base de Datos. En el sentido contrario: sin dichos criterios – en particular si vinieran a ser declarados inconstitucionales – el ámbito de la Base de Datos sería ampliado. La consecuencia directa de tal situación sería la necesidad de volver a desarrollar el proceso de identificación de pueblos indígenas con miras a incorporar las demás comunidades cumpliendo con los criterios del Convenio 169, sin que se aplique el filtro excluyente que constituyen los criterios de la lengua indígena y tierra comunal.

Es decir que el contenido actual de la Base de Datos quedaría tal cual: las comunidades ya identificadas quedarían incorporadas. No se caería su contenido como afirmado pues solo haría falta completarlo.

En entrevista con el antropólogo Javier Torres en el programa ‘El Arriero’ de La Mula TV difundida hoy, Ivan Lanegra vuelve a confirmar la posición del Viceministerio de Interculturalidad (10:15 del vídeo Youtube):

“Los efectos de esta [demanda de] acción [popular], si es que el Juez [la] considera fundada, es que todos los actos que tuvieron como base esta Directiva son nulos. Entonces si tú sacas la Base de Datos y luego el juez dice que están malos estos indicadores [lengua indígena y tierra comunal] o en parte – puede decir que uno está bien [pero que] el otro no está bien – obligaría a declarar toda la Base nula porque justamente la Base de fundamenta en estos indicadores“.

Como lo menciona Javier Torres, no se entiende cuál sería la preocupación del Viceministerio si es que realmente está convencido de que la Base de Datos responde efectivamente a los criterios del Convenio 169. ¿Por qué no la publica?

En la misma entrevista, el Viceministerio de Interculturalidad, refiriéndose a IDL, dice (12:40 del vídeo Youtube):

“Sería la primera vez que una entidad de defensa de derechos humanos le pide al gobierno aplicar una Directiva que ellos consideran contraria a la constitución y al Convenio 169”. “Es un contradictorio”.

Aquí, hay mala interpretación.

No se busca declarar la Base de Datos nula o borrar su contenido.

Ojo, no se dice que identificar pueblos indígenas en base a los criterios del Convenio 169 con el apoyo de otros indicadores es inconstitucional y contrario al Convenio 169. Uno puede considerar indicadores y elementos adicionales si guste y resulte pertinente. Sin embargo, sí se considera inconstitucional y discriminatorio, el hecho de no identificar como pueblos indígenas las demás comunidades que no cumplirían con estos dos indicadores adicionales facultativos.

Nada impide que se publique la Base de Datos. Nada impedirá a futuro modificar su contenido, complementarlo. ¿No son los mismos funcionarios del Viceministerio de Interculturalidad los que califican la Base de Datos de “instrumento en permanente construcción”.


Fotos: Servindi y Google

Ver también:

[1] La acción popular la ejerce Indalicio Mescco Pumasupa, Secretario Distrital de la Federación de Campesinos de Chinchaypujio, provincia de Anta, Cusco.
[2] Ver artículo Ambiente Indígena “La Base de Datos: un instrumento no constitutivo de derechos o restrictivo de derechos?
[3] Ver artículo Cooperacción “¿Por qué la demora en la publicación de la Base de Datos de Pueblos Indígenas?

Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios – PUINAMUDT

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La nueva página web del PUINAMUDT está en línea desde algunas semanas. El Puinamudt se define como una plataforma indígena unida para desarrollar una agenda en defensa del territorio y la vida en la Amazonía, ante las actividades extractivas de hidrocarburos que por más de 40 años han afectado los ríos, el monte y las comunidades.

Actualmente integran el PUINAMUDT las federaciones siguientes: Federación de Comunidades Nativas del Corrientes – FECONACO; Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre – FECONAT; Federación Indígena Quechua del Pastaza – FEDIQUEP; y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca – ACODECOSPAT

También los podrán seguir en facebook vía la página del mismo Puinamudt y vía la del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte del Perú.