Polémico proyecto de ley propone la construcción una “vía de comunicación” entre Purús y Tahuamanu

El Proyecto de Ley N°1035/2011-CR – propone declarar de necesidad publica y prioritario interés nacional la conectividad entre la ciudad de Puerto Esperanza, provincia de Purús, departamento de Ucayali, y la ciudad de Iñapari, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios.

Presentado por el Congresista Carlos Tubino, el proyecto de ley fue analizado y dictaminado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, el 5 de junio 2012. El proyecto está ahora listo para su votación final en el pleno del Congreso. Fue firmado por Congresistas como Mesias Guevara Amasifuen y Antonio Medina Ortiz, ambos miembros de la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología del Congreso.

A finales de mayo, el Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso pidió que el proyecto pase también en dicha Comisión, para poder analizarlo desde un punto de vista ambiental y con enfoque de derechos indígenas: el pedido se quedó en papel mojado. 

Mientras la mayoría de las comunidades indígenas de las zonas en cuestión se pronunciaron firmemente en contra del proyecto de ley, en aras de la protección del medio ambiente (areas naturales protegidas y reservas comunales) y de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial (Reserva Territorial Mascho-Piro por ejemplo), una minoría, liderada por el párroco de Purús – Miguel Piovesan, sí se pronuncia a favor de la construcción de una “vía de comunicación” (tren o carretera), argumentando que es la única vía para ayudarlos a salir de sus “prisión”.

Los argumentos en contra de dicho proyecto de ley son de naturalez ambientales y vinculados con los derechos de los pueblos indígenas. En cuanto a la argumentación desarrollada por los congresistas conformando la Comisión de Transportes y Comunicación del Congreso en su dictamen de aprobación del proyecto, cabe señalar el carácter retrogrado del tono empleado. De hecho, se habla de “promover la integración de su población [de Purús] al seno de la patria” bajo el supuesto objetivo de generar “condiciones de igualdad para todos los ciudadanos”: se trata de “solucionar el aislamiento” de dichas poblaciones del resto de la Nación peruana. Consideran que la provincia de Purús “ha entrado en un proceso de desnacionalización al encontrarse aislada del resto del país”.

Si bien es cierto que algunos de los puntos desarrollados en el dictamen, como la falta de electrificación, de centros de salud equipados y profesionales, entre otros, son graves problemas actuales de los que sufren las comunidades de Purús, el discurso general se presenta como asimilacionista y no promueve ni respeta la pluriculturalidad que caracteriza el Perú.

El proyecto de ley, a pesar de no haber pasado por la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología, debería encontrarse dentro de poco en la agenda del pleno del Congreso. Sin embargo, varios sectores, legislativo, ejecutivo y de la sociedad civil siguen oponiéndose para impedir la aprobación del proyecto en el pleno [1].

Este proyecto de ley representa un tema emblemático en materia de consulta previa a los pueblos indígenas. No cabe duda de que la realización del objetivo de dicho proyecto afectaría los derechos de los pueblos indígenas así como el medio ambiente en el que viven y del que dependen para su supervivencia. Hasta la fecha, todavía no parece ser de actualidad…

La consulta previa es un derecho especifico y fundamental de los pueblos indígenas reconocido en el Convenio n°169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

NB: Durante el mes de septiembre, se realizará un evento sobre el tema (organizado por la Congresista Veronika Mendoza Frisch), involucrando a varios actores como ministros, ONGs, organizaciones indígenas, expertos académicos, etc.

• Leer el pronunciamiento de la COICA – Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica.

[1] Incluso parte del Poder ejecutivo se opone al proyecto, calificándolo de “inconstitucional”